(PROCESO).- El senador panista y aspirante a la candidatura presidencial, Juan Carlos Romero Hicks, se pronunció porque se abra una investigación en torno a los señalamientos por espionaje que pesan sobre su compañero de partido y también aspirante presidencial, el exgobernador Rafael Moreno Valle.

En rueda de prensa, el exgobernador de Guanajuato consideró que el espionaje por parte del gobierno merece ser sólo una pieza de museo que no debería tener cabida en una democracia como la que se supone vive México.

“El espionaje por parte del gobierno merece estar en el museo de arqueología política de los siglos previos porque no son dignas de una democracia presente”, manifestó.

Al ser cuestionado sobre las acusaciones de que el ex mandatario poblano usó equipo de espionaje que adquirió en su administración para vigilar a distintos actores políticos locales y nacionales, lo cual es detallado en la edición de Proceso que circula esta semana, el legislador panista declaró:

“Son conductas inaceptables. Que opere el estado de derecho, que se hagan las investigaciones necesarias ante cualquier denuncia o cualquier evidencia que pudiera presentarse en estas experiencias de los malos gobiernos”, indicó.

Igual, Romero Hicks consideró que la Comisión Anticorrupción de Acción Nacional tendría que abrir una investigación sobre las quejas que han presentado militantes de su partido en contra de Moreno Valle Rosas por hostigar a liderazgos del estado que no coinciden con su proyecto político.

En ese sentido, el exmandatario guanajuatense manifestó su respaldo al exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, quien acaba de ganar un amparo ante la justicia federal en contra de la determinación del Congreso de Puebla de inhabilitarlo políticamente por supuestas irregularidades detectadas en su cuenta pública.

El aspirante a la candidatura presidencial del PAN consideró que en el caso de Rivera Pérez debe prevalecer la presunción de inocencia y el debido proceso, por lo que no tendría por qué estar impedido para contender en las elecciones del próximo año en Puebla, en las cuales se presume que el ex edil buscaría ser candidato a gobernador.

Entrevistado por separado, Rivera Pérez aseguró que tiene elementos para presumir que igual es víctima de espionaje por parte del grupo político que encabeza Moreno Valle.

Dijo que por distintos conductos, personas que trabajan en la Secretaría General de Gobierno del Estado le han advertido que sus conversaciones telefónicas y mensajes de texto son interceptados, incluso en fechas recientes cuando se inició el procedimiento en su contra para deshabilitarlo políticamente.

El exalcalde dijo que analizará con sus abogados la posibilidad de recurrir ante la Procuraduría General de la República para presentar una denuncia y se investigue si realmente sus aparatos de comunicación son espiados.

Rivera Pérez dijo que Moreno Valle y al diputado federal, Eukid Castañón Herrera, tendrán que aclarar públicamente los señalamientos que se han hecho en su contra: “el que nada debe nada teme. Que se presenten ante las autoridades. Ellos tendrían que aclarar el tema por el bien del propio PAN”.

En tanto que el líder del Congreso local, Jorge Aguilar Chedraui, salió en defensa del exmandatario al asegurar que las acusaciones de espionaje son sólo “especulaciones”, por lo que descartó que el legislativo poblano tenga que abordar ese asunto.

En otra rueda de prensa, el Colectivo de Reflexión en Acción Rumbo Proletario (CRARP), el Frente Nacional de Organizaciones de Pueblos en Lucha (ENPL) y el movimiento EcoTuzuapan aseguraron que en Puebla se vive un terrorismo de Estado que se instauró desde la llegada de Moreno Valle al gobierno y que permanece con la actual administración de Antonio Gali Fayad.

Al repudiar el homicidio de la activista Meztli Sarabia, hija de Rubén Sarabia Sánchez, líder de la Unión de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre”, el líder campesino Mario Vélez señaló que Puebla vive una crisis de seguridad que fue engendrada por el gobierno de Moreno Valle, el cual permitió que creciera el robo de combustibles, por perseguir a luchadores sociales.

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